El Parlamento Europeo ha convocado formalmente al Consejo de Informativos de TVE para una audiencia el lunes 2 de diciembre de 2025 a las 11:00 horas en Bruselas, tras años de denuncias sobre la erosión de la independencia editorial en RTVE. La reunión, en la Rue Wiertz 60, responde a una petición ciudadana presentada en 2017 que finalmente ha sido admitida por la Comisión de Peticiones. Lo que empezó como una queja técnica se ha convertido en un caso de supervisión europea sobre la salud democrática de la radiotelevisión pública española. Y lo que está en juego no es solo la imagen de una cadena: es la confianza de los ciudadanos en lo que ven y oyen cada día.
Un órgano interno que grita al vacío
El Consejo de Informativos de TVE no es un organismo externo. Está compuesto por 13 periodistas y profesionales de la cadena, elegidos democráticamente por sus propios compañeros cada dos años. Su función es velar por el cumplimiento de los principios éticos en la información. Y desde hace años, han ido acumulando quejas. Denuncian que muchos programas informativos han terminado en manos de productoras privadas, que los espacios de "infotaiment" confunden opinión con noticia, y que los presentadores no distinguen claramente entre lo que es hecho y lo que es interpretación. Pero una de las denuncias más sonadas llegó en abril de 2024, cuando Marta Riesco, colaboradora de "La familia de la tele", realizó reportajes desde Roma tras la muerte del papa Francisco. El Consejo la calificó como una "afrenta" que dañaba la credibilidad de RTVE. Nadie escuchó. Hasta ahora.El cambio normativo que lo cambió todo
La convocatoria europea no sale del aire. Tiene raíces concretas: el 22 de octubre de 2024, el Gobierno de Pedro Sánchez Pérez-Castejón modificó la ley para rebajar las mayorías necesarias en el Congreso y el Senado para renovar el Consejo de Administración de RTVE. Antes se necesitaban dos tercios; ahora, con una mayoría absoluta en segunda votación, el PSOE y sus aliados pudieron imponer a José Pablo López Sánchez como presidente, sin apoyo de la oposición. El cambio, técnico en apariencia, tuvo un efecto simbólico devastador: se rompió el consenso histórico que protegía a la radiotelevisión pública de los vaivenes políticos."Es un intento de amedrentar"
José Pablo López Sánchez respondió con firmeza. En una entrevista el 28 de noviembre, calificó las críticas como un "intentó de amedrentar" a los profesionales. "TVE crece en audiencia, es competitiva, y se ha convertido en un referente de calidad", afirmó. Pero su defensa no convence a quienes ven el patrón: cuando el presidente de una empresa pública solo habla de números y no de principios, algo huele mal. El Consejo de Informativos no pide que se cierre RTVE. Pide que se respete su misión: informar, no complacer. Y eso, en una democracia, no es un lujo: es un derecho.La UE ya ha avisado: "Estaremos atentas"
La Unión Europea no es nueva en esto. En 2013, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa ya expresó su "preocupación" por las injerencias políticas en TVE. En 2018, la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual (DSCA) obligó a todos los Estados miembros a garantizar la independencia jurídica y funcional de sus reguladores. Y ahora, el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entra en vigor el 8 de agosto de 2025, pone la lupa en cada detalle. Henna Virkkunen, vicepresidenta de la Comisión Europea, lo dejó claro por escrito: la UE estará "atenta" a cualquier novedad que afecte a la independencia editorial de RTVE. No es una advertencia cualquiera. Es una señal de que Bruselas no mira hacia otro lado.El fantasma del pasado
El 21 de abril de 2012, el Consejo de Informativos ya advirtió que la reforma de entonces "podría menoscabar la independencia" de RTVE y llevarla "a un modelo gubernamental". Lo dijeron entonces. Lo repiten ahora. Y lo que es peor: lo dicen en un momento en que la confianza en los medios públicos está en su punto más bajo en una década. Según el último Barómetro del CIS, solo el 34% de los españoles confía en la información de la televisión pública. En 2018, ese porcentaje era del 51%. La caída no es casual. Es el resultado de años de decisiones que priorizaron el control sobre el servicio público.¿Qué viene ahora?
La audiencia del 2 de diciembre no será una simple reunión. Será un examen público. El Consejo de Informativos hablará por videoconferencia, pero su testimonio será registrado, archivado y puede servir como base para una resolución del Parlamento Europeo. Si se confirma una vulneración de los principios europeos, podría desencadenar sanciones simbólicas, presión diplomática, o incluso una solicitud de reforma legal a España. Pero más allá de lo legal, lo que está en juego es moral: ¿qué pasa cuando los periodistas que trabajan dentro de una cadena pública ya no pueden confiar en ella?Frequently Asked Questions
¿Por qué el Parlamento Europeo se mete en un asunto interno de España?
Porque RTVE recibe fondos públicos europeos y está sujeta a normas comunitarias sobre libertad de medios. La Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual y el nuevo Reglamento Europeo exigen que los medios públicos sean independientes de los gobiernos. Si España incumple estos principios, la UE tiene derecho y obligación de intervenir, no como interferencia, sino como garante de los derechos democráticos de todos los ciudadanos europeos.
¿Qué ha cambiado desde 2012 hasta ahora en RTVE?
En 2012, el Consejo de Informativos ya alertó de que la reforma de la ley de RTVE podía convertirla en un medio gubernamental. Hoy, esa advertencia se ha cumplido: el presidente es nombrado sin consenso, los programas informativos se han comercializado y los criterios de selección de contenidos parecen responder más a intereses políticos que a criterios periodísticos. La diferencia es que ahora hay evidencia documentada y una audiencia europea que escucha.
¿Cómo afecta esto a los ciudadanos españoles?
Cuando la información pública pierde credibilidad, todos pierden. Los ciudadanos no saben qué es verdad y qué es manipulación. Esto erosiona la democracia: si no puedes confiar en lo que te cuentan los medios, no puedes tomar decisiones informadas. En un momento de polarización, una RTVE independiente no es un lujo: es un pilar. Y su debilitamiento afecta directamente la calidad del debate público y la salud del sistema democrático.
¿Qué papel juega el PSOE en esta crisis?
El PSOE impulsó la reforma de octubre de 2024 que permitió nombrar a José Pablo López Sánchez sin acuerdo con la oposición. Aunque no ha intervenido directamente en contenidos, al eliminar el umbral de dos tercios, debilitó el consenso que protegía a RTVE de los intereses partidistas. La crítica no es contra el partido, sino contra el modelo: cuando la política controla la selección de líderes de medios públicos, la independencia se convierte en una palabra vacía.
¿Hay precedentes similares en otros países europeos?
Sí. En Hungría, Polonia y Turquía, los medios públicos han sido transformados en órganos de propaganda gubernamental, lo que llevó a la UE a iniciar procedimientos de infracción. España no está en ese nivel, pero el patrón es similar: cambios legales que reducen la independencia, nombramientos partidistas y deslegitimación de voces críticas. La diferencia es que en España aún existe un órgano interno —el Consejo de Informativos— que sigue denunciando, y eso hace que la presión europea sea más creíble.
¿Qué puede hacer un ciudadano para apoyar la independencia de RTVE?
Informarse, exigir transparencia y apoyar el periodismo de calidad. Denunciar cuando se detecta manipulación, firmar peticiones, y presionar a los representantes políticos para que respeten el marco europeo. También es clave consumir RTVE como medio independiente: si la audiencia valora la seriedad, la cadena tendrá más fuerza para resistir presiones. La independencia no se regala: se defiende con cada mirada crítica y cada voto de confianza.
